Glosas a la Politica Minera

Glosas a la política minera

Juan Pablo Fernández M.

En diversos documentos el gobierno se ratifica en la idea de que solo la iniciativa privada puede impulsar la minería en Colombia y que los mineros son clientes de un Estado que les presta servicios. ¿A qué círculos se circunscribe, entonces, la política minera? En cuatro segmentos se clasifica a los mineros: Las unidades de pequeña escala, empresas mineras e industriales que obtienen directamente sus recursos, empresas especializadas en actividades de exploración ­maduradoras de proyectos se les dice­, y las grandes compañías trasnacionales.

A los pequeños mineros se les otorga relativa importancia pues identifican la ubicación de los yacimientos, generando ahorros en relación con el riesgo exploratorio. Colombia es atractiva por diversos factores, entre ellos, la existencia de un vasto número de pequeñas explotaciones mineras a lo largo y ancho de su territorio. En la exposición de motivos que sustentó la reforma al Código de Minas, sancionada en febrero de este año, el Ministerio de Minas se quejaba de que cualquier “persona, sin acreditar capacidad técnica y económica alguna, adquiera la calidad de titular de contratos.” Agregaba, luego, que la modificación legal se encamina a conseguir “una verdadera industria minera…[que] permitirá la ejecución de los grandes proyectos estratégicos…por parte de empresas sólidas y expertas, a la vez que hará posible tecnificar y mejorar las condiciones de la minería artesanal o de pequeña escala”. La tecnificación, en la lógica que propone el gobierno, para los pequeños mineros es un imposible. Aplicar políticas en tal sentido, es llevar a la desaparición o a la estrangulación a este renglón.

En el punto 92 de su programa de gobierno, Juan Manuel Santos dice que la “regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial, con ‘reglas del juego’ que garanticen la estabilidad a largo plazo”. Por su parte, las bases del Plan de Desarrollo ve con buenos ojos el establecimiento de mecanismos de selección objetiva, los que, como se sabe, son determinados por la capacidad económica. Y menciona a la erradicación de la minería ilegal como pilar de acción, pues allí anidan la mala percepción de la población y problemas ambientales y técnicos y una imposibilidad para aumentar la productividad. Aumentar o no la escala de producción en un mina es, en muchas ocasiones, hacer o no mitigables sus impactos ambientales. El gobierno, a pesar de los hechos, no observa ningún problema en la gran minería trasnacional.

Más del 60 por ciento de los títulos de propiedad rural son precarios, situación que, por obvias razones, se extiende en proporciones similares a los mineros pequeños y artesanales. Actúan, a la luz de ley, en la ilegalidad; en realidad están en la informalidad. A lo largo de décadas el Estado permitió la situación, e incluso, les recaudó la regalía. Lo que, según la doctrina definida por la Corte Constitucional, crea una confianza legítima en los mineros, los cuales el gobierno debería proteger y apoyar, y no erradicar. Las que se erradican son las plagas.

Quien lea desprevenidamente la política minera concluirá que, entre el actual y el anterior gobierno, no existe diferencia alguna; más bien, el de Santos es la continuidad del de Uribe. La Confianza Inversionista es el camino. La anunciada eliminación de gabelas a la gran minería y la industria petrolera, se compensarán por otras vías. Por ejemplo, a monopolios y trasnacionales les quitarán el sobreprecio que pagan en la tarifa de la energía eléctrica, exención que costará 600 mil millones de pesos. En la otra cara, a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ­que son 34 millones de personas­ en igual valor les aumentarán las tarifas de este servicio público. Lo ancho para unos y lo angosto para muchos. La economía, además, continuará la senda de la concentración, dejando a su paso una estela de ruina y de daños laborales, sociales y ambientales, los cuales, como lo ratifican estudios y la realidad, son protuberantes en la gran minería trasnacional. Colombia continuará perfilándose como un país especializado en la producción de productos mineros y petroleros, truncándose nuestro desarrollo agropecuario e industrial.

Recientemente ha crecido la controversia sobre la gran minería a cielo abierto. En Estados Unidos, por ejemplo, sociedades científicas piden su moratoria en zonas montañosas. En Colombia, la minería a cielo abierto se quiere extender al oro y a las cordilleras. El metal precioso ha jugado distintos papeles en la historia. Previo al feudalismo, sus usos fueron suntuarios. Sus características lo convirtieron después en medio de cambio de otras mercancías y su posesión fue fuente de la acumulación originaria de capital. En el capitalismo su uso se extendió a la industria y fue base del sistema monetario internacional hasta 1971. Hoy juega, además, el papel de commoditie, es decir, es un bien con el que se especula, operación de la que se obtienen gigantescas ganancias y en las que no participan las naciones productoras.

Del debate también hacen parte los impactos ambientales de proyectos auríferos a cielo abierto, como el de la Greystar en Angostura, Santander; y los de AngloGold Ashanti, en Tolima, y Medoro Resurces, en Caldas. Para extraer entre 1 y 3,5 gramos de oro debe removerse una tonelada de material. Esto significa que los residuos que se crean son entre un millón o 286 mil veces el mineral que se obtiene. En el caso de Angostura, por ejemplo, el material a remover equivale e poner fila india 215 millones de volquetas de cinco toneladas, que ocuparía 1,8 millones de kilómetros, esto es 45 veces el total de las vías pavimentadas del país ­poco más de 40 mil kilómetros de extensión­. A lo que se suman las afectaciones sobre el agua y la biodiversidad y sobre las economías locales y regionales, que en términos de costos, se acumulan en el tiempo, mientras los ingresos por regalía, impuestos y empleo, son puntuales. Los daños ambientales son irreversibles o tardan varias generaciones en revertirse. El acceso al agua de tolimenses y santandereanos no debería canjearse por unas pepitas de oro que le dan ingentes ganancias financieras a unas compañías que a la vuelta de quince años, partirán sin novedad.

Bogotá, 1 de diciembre de 2010