Aplicar el principio de precaución y no permitir el desarrollo de este proyecto
Juan Pablo Fernández M.
Sobre la política minera se han desatado recientemente sendas controversias. En el centro del debate han estado el medio ambiente, las ligerezas y corruptelas en la entrega títulos mineros y el del ejercicio de la minería, que el gobierno llama ilegal, y en su mayor parte es informal. Este debate va más allá de los temas tratados en los medios masivos, puesto que incluye asuntos económicos, sociales, culturales, territoriales y políticos. En los políticos y económicos, como los de mayor relevancia, está la forma que asumen las relaciones con inversionistas extranjeros.
A quienes expresamos un visión crítica con la excesiva hospitalidad que los gobiernos nacionales les ofrecen a las multinacionales, se nos despacha con el cuento de que defendemos la autarquía. Argumento falso y efectista, empleado para ocultar que quienes están en la cúspide del Estado creen, como lo señaló recientemente Juan Manuel Santos, que “si” a los inversionistas extranjeros “les va bien, a Colombia le irá bien.” (Diario ABC de España, May.22.11). Se debe hacer felices a los magnates que vienen desde fuera, pues ellos esparcirán la felicidad por el suelo patrio. Algo similar pensaban los criollos que se oponían a la Revolución de Independencia culminada en 1819.
La consigna de “si a ellos les va bien, a Colombia le irá bien”, se extiende a toda la economía. Como lo explica Eduardo Sarmiento: “En lo esencial, el modelo económico del Gobierno [de Santos] es el mismo que ha venido operando los últimos 20 años. El verdadero motor de la economía es el libre comercio y, en particular, la inversión extrajera.” (El Espectador, Feb.13.11) Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, afirma que la inversión extranjera directa a “menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios [que] con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del Gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos. Esto es particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales, donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios bajos.”
En relación con la minería, en las dos últimas décadas se han venido dando pasos tendientes a ceder el control estatal sobre la producción minera, que en la práctica significa la caída de la participación del Estado en la renta minera y le deja a la Nación una monumental pérdida económica. Los gobiernos de Gaviria y Samper se dedicaron a reformar la Constitución y el marco jurídico general en beneficio del capital extranjero. En la minería renegociaron contratos de gran minería y conexos disminuyendo el state take, tecnicismo con el que se conoce la participación estatal en la renta minera. El de Samper, además, inició el camino de la privatización de estatales mineras: vendió, a menos precio, Cerromatoso. El de Pastrana –donde Santos, Echeverry y Restrepo fueron ministros y Rodado, jefe de Ecopetrol–, privatizó, también a la barata, a Carbocol y tramitó ante el Congreso el Código de Minas vigente (Ley 685 de 2001). Rodado se queja de la ley de minas vigente. ¿Por qué no dice que ella se hizo en el gobierno de su expatrón?
Uribe Vélez, haciendo lo propio, implementó la Confianza Inversionista, huevito que Santos empolla. Al igual que los anteriores, nunca fiscalizó a las multinacionales de la minería, extendió algunos contratos en la Costa Atlántica y concedió permisos de explotación, sin mirar los pasivos sociales, económicos y ambientales acumulados. Consolidó descaradamente la puerta giratoria de las multinacionales y organismos de crédito internacional al gobierno y de allí, otra vez, a las multinacionales. Una porción representativa de sus exministros figuran hoy como altos funcionarios de multinacionales mineras. Inició una feroz persecución contra los pequeños y medianos mineros, a la que el actual gobierno le da un tinte fascistoide. Erradicar la pequeña y mediana minería colombiana, es la consigna. Tramitó una reforma al Código de Minas financiada por las multinacionales y el gobierno de Canadá, muy interesado en la minería. Razones tendrá Juan Carlos Echeverry para decir: “Lo que me gusta decir es que los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos.” (El Espectador, Mar.27.11)
De la masiva entrega de títulos mineros se queja el ministro Rodado. Habrá que ver quién lo obtuvo ilegalmente y quien legalmente, pero es preciso aclarar que a los mineros tradicionales, desde antes de 2001, consistentemente se les niega el acceso al derecho ganado a lo largo de años de trabajo. Por ejemplo, este gobierno emitió a principios de año un decreto que detuvo los procesos de legalización de minería ordenados por la reforma, los cuales, además, resultan bien difíciles de culminar positivamente. En el pasado, la legalización de mineros fue un chiste, ni el uno por ciento de las solicitudes de legalización fueron aprobadas.
Santos anuncia la locomotora, que más bien parece aplanadora. Aun cuando la gran minería a cielo abierto en La Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba causa inmensas afectaciones ambientales y socioeconómicas y de que voces científicas autorizadas piden una moratoria de la gran minería a cielo abierto en alta montaña, los proyectos de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, y el de Marmato, en Caldas, caminan sin que el gobierno les haga ningún reparo. Si el de Santurbán logró detenerse –hay que estar pendientes de que no se les ocurra revivirlo– no fue por la acción de la Casa Nariño, sino más bien, a pesar de la Casa de Nariño. Y de las operaciones financieras montadas sobre los proyectos mineros a gran escala, no se dice ni mu.
Drummond está a punto de venderse a Glencore o a Xstrata, la segunda, subsidiaria de la primera, por 8 mil millones de dólares, una operación que le generaría a la empresa de Alabama una ganancia ocasional por 6 millones de dólares. Al fisco colombiano, de realizarse en el país, le daría ingresos por 2 mil millones, pero la operación se hará seguramente en el extranjero y el gobierno no dice nada. A la Anglogold Ashanti, que hace ganancias con un recurso natural no renovable propiedad de los colombianos, se le permite violar impunemente la legislación nacional. La empresa se embolsilla 383 millones de dólares por cada dólar que sube su acción, pero el gobierno no hace ningún esfuerzo por cobrar impuestos sobre esas ganancias. A ellas ha contribuido también en forma especial el proyecto en el Tolima, por las reservas y las características del yacimiento. Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, se podría pensar que es la máxima. Pero en un sistema donde la regla es enriquecerse hasta reventar, sería muy extraño no ver dádivas para quienes facilitan la materialización de estas operaciones. O son bobos o son muy vivos.
Se habla de una bonanza minera o de un auge. ¿Para quién? Diversos estudios muestran que el state take en gran minería oscila entre 5 y 17 por ciento, uno de los más bajos del mundo. Antes de las privatizaciones, oscilaba entre 60 y 70 por ciento, dependiendo del contrato y de la explotación. Aunque en algunas explotaciones, como las de la Drummond y Glencore en el Cesar, siempre ha sido bajísimo. La gran minería se ha desarrollado, además, a costa del desarrollo agrícola e industrial regional y nacional. Hoy nos ataca una enfermedad holandesa que sube los precios del suelo urbano y rural, dificulta el acceso a vivienda digna y entraba aún más el desarrollo agropecuario. A la par, las multinacionales mineras se vienen convirtiendo los nuevos grandes terratenientes. Por ejemplo, Anglogold tiene concesionadas más 800 mil hectáreas en cientos de municipios, un poder económico que se transforma en poder político. ¿De quién serán en adelante los concejos y alcaldías donde planta bandera la multinacional surafricana?
Con razón el señor León Teicher, presidente de El Cerrejón, dice: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen.” (El Espectador, Sep.08.10) Minería sí, pero no así.
La Colosa, la torta para los extranjeros y las boronas para Colombia
“¡Maldita sed de oro!, ¿Qué no ha compelido a los mortales a hacer?”, escribió Virgilio, el poeta que acompañó al Dante en su periplo por el infierno. En los tiempos del imperio romano, cuando el oro dio sus primeros pasos como fuente de acumulación de riqueza, se acuñó la frase: “Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.” En las culturas prehispánicas el uso de este metal estuvo asociado a la adoración y los tributos a las deidades. Para los españoles, en los tiempos del mercantilismo –de la acumulación originaria que sirvió al nacimiento del capitalismo–, encontrar entre los nativos de América el uso extendido del oro fue fuente de sorpresa y de todo tipo de aventuras en la búsqueda de sus yacimientos y poseedores. De allí la leyenda de El Dorado. En la California del siglo XIX sirvió, al igual que el petróleo en Texas, de base para la creación de grandes riquezas. En tiempos recientes, los usos del oro se han ampliado. Además de la joyería, está su función como reserva de riqueza y como medio de cambio. También se encuentran las aplicaciones industriales por sus características físico-químicas. Pero el principal uso del metal es el de reservorio de riqueza y commoditie, es decir, un bien con el que se especula. En tiempos de crisis económica, por ejemplo, los precios del metal aumentan sin cesar.
La explotación del oro se asocia, con razón, a todo tipo de vejámenes. Guerras, opresión, violaciones, masacres, etc., son propias de las fiebres del oro. Hasta 1971, cuando Estados Unidos rompe los acuerdos de Bretton Woods, el sistema monetario internacional lo tuvo como referente. Como expresión de la riqueza que representa, los bancos centrales poseen grandes reservas, cerca del 20 por ciento de las reservas mundiales. La explotación en América, una vez conquistada la Independencia de España, continuó controlada por compañías extranjeras. Las minas de oro ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano, por ejemplo, nunca han resuelto los hondos problemas socio-económicos de las regiones donde se ubican las vetas. Y en muchos casos, las agravan.
Los impactos ambientales de la minería del oro son inocultables, pero, como resultado de las explotaciones a cielo abierto, han crecido estruendosamente. Colombia apenas entra en esta “moda”, pero Perú, entre otros, tienen vasta experiencia en lo que significan los impactos del establecimiento de minas de estas características. Los conflictos ambientales devienen en conflictos sociales y económicos. La minería del oro tiene como insumo, además de los químicos que emplea durante el proceso de extracción, el agua, lo que da origen a una contradicción entre el uso del líquido para la minería del oro y el derecho a la alimentación de los pobladores que viven en los corredores auríferos.
Este es el caso de Anglogold Ashanti (AGA), que además tiene montada un operación de especulación financiera de gran envergadura. Quien piense en la gran minería como la mera extracción de un recurso, junto con todo lo que conlleva, y no observe el negocio financiero creado sobre sus hombros, incluso con mayores ganancias que las de la extracción, realiza análisis cojos, incompletos. Desde finales del siglo XIX, el capitalismo evolucionó a un sistema donde la fusión entre el capital bancario y el industrial dio origen a un nuevo tipo de capital: el financiero. Este va subordinando cada vez más el devenir de toda la economía y los intereses de sus propietarios someten a los de otros tipos de capital y a quienes no lo poseen.
El valor global de los mercados de derivados financieros es más de 7 veces el PIB mundial. Es lo que algunos economistas llaman la financiarización de la economía. Las empresas e inversionistas, explica Cesar Giraldo, se dedican “más a buscar rentas financieras, que ganancias en el proceso productivo.” La acción de AGA, después que en 2005 alcanzara el máximo histórico (53 dólares), precio al que llegó, no por el volumen de sus reservas, sino por cuenta de los múltiples frentes de exploración, se desplomó a niveles cercanos a los 30 dólares, de donde se ha valorado 15 por ciento, mientras sus reservas lo hacen en 7 por ciento. Si se cuantifica el valor de la compañía con el Ebitda, ella cuesta 13.300 millones de dólares. Su valoración en bolsa es de 17.249 millones de dólares, 4 mil millones más. Se trata de una ganancia financiera en la que no participa la nación, a pesar que se sustenta en oro del que somos los dueños.
Según el Ministerio de Hacienda, del total del PIB que genera el sector minero, el 7 por ciento va a remunerar el trabajo, 92,3 por ciento al capital y 0,7 por ciento al Estado a través del pago de impuestos. Y en relación con los insumos, los tres de mayor demanda en la gran minería del carbón, por ejemplo, son el transporte 35,4 por ciento, los servicios financieros 15,8 por ciento y combustibles 14,1 por ciento. Sobresale el peso ocupado por el sector financiero en la demanda de insumos, que captura mayor renta que el Estado, propietario, salvo unas excepciones, de los recursos naturales no renovables. La remuneración a otros insumos o factores productivos se va subordinando a los intereses del capital financiero, que en una visión macroeconómica obtiene un ascenso “como poder económico y político”, acompañado de una “disminución de la soberanía económica y política de los Estados nacionales.”
Tanto los análisis de Procuraduría Ambiental del Tolima y la Corporación Autónoma del Tolima evidencian la violación de legislación ambiental por parte de AGA, la contradicción entre la legislación de ordenamiento territorial y la minería y los daños ambientales que causaría la explotación de La Colosa. Podría desaparecer el distrito de Usocoello, el mayor de Colombia, llevando a la extinción a cerca del 7 por ciento de la producción de arroz nacional. El precio del arroz por un choque de oferta aumentaría y se impactaría la inflación general de los alimentos, lo que podría obligar al Banco de la República a tomar medidas macroeconómicas. Lo que está en juego no es de poca monta. Lo mejor sería aplicar el principio de precaución y no permitir el desarrollo de este proyecto.
Se sabe que la minería a gran escala es intensa en capital. Luego la generación de empleo es baja y con formas de contratación que tienen en la base la tercerización. El empleo a generar no sería nuevo, provendría de competir con el trabajo de otras actividades, lo que haría crecer el salario urbano y rural, empujando a la ruina o a la crisis a vastas actividades económicas. La riqueza que se le está prometiendo a los tolimenses no es más que una promesa. AGA gasta millones de dólares en la financiación de equipos de fútbol, en publicidad en medios regionales, en fiestas locales, ofrece regalos a la población, etc. Pone su poder y conocimientos al servicio de un proyecto que no les es rentable a tolimenses y colombianos ni económica, ni social, ni cultural, ni ambientalmente. A la mina La Colosa, es mejor decirle ¡No!
Bogotá, 2 de junio de 2011
